Abogados de Redes Sociales: el estudio argentino que creó una nueva especialidad para resolver conflictos en las redes
Las redes sociales dejaron de ser hace tiempo un espacio reservado al entretenimiento. Para una empresa pueden representar una vidriera, un canal de comunicación con sus clientes, una herramienta de ventas y, en muchos casos, uno de los principales activos de su presencia digital.
Por eso, cuando una plataforma decide bloquear una cuenta, el problema puede ser mucho más grande que no poder publicar una foto o un video.
Esa realidad llevó a un estudio jurídico argentino a desarrollar una especialidad prácticamente inexistente hasta ahora: la resolución de conflictos entre personas y empresas y las plataformas de redes sociales.
Se trata de Abogados de Redes Sociales, un estudio que comenzó a trabajar específicamente sobre este tipo de situaciones después de que uno de sus propios abogados, el doctor Pablo Castillo, tuviera un problema con su cuenta en 2022.
El perfil había sido inhabilitado y los mecanismos habituales que ofrecía la plataforma no permitían solucionar el inconveniente. El episodio llevó al abogado y a sus colegas a preguntarse qué herramientas jurídicas podían utilizar frente a una situación que, hasta ese momento, parecía depender exclusivamente de la decisión de una empresa tecnológica.
“Nos preguntamos qué herramientas jurídicas teníamos para resolver un problema que, en principio, parecía depender exclusivamente de las decisiones de una plataforma”, explica la doctora Antonella Cykman, socia del estudio Abogados de Redes Sociales.
A partir de allí comenzaron a investigar las condiciones de uso de las distintas redes, los mecanismos internos de reclamo y las alternativas legales disponibles para defender a una persona o una empresa frente a una suspensión, una restricción o una inhabilitación.
El resultado fue la creación de una práctica jurídica enfocada específicamente en conflictos relacionados con redes sociales.
Hidrotor, el primer caso
La primera experiencia con un cliente llegó pocos meses después y tuvo como protagonista a Hidrotor.
A fines de 2022, la empresa se encontró con su cuenta de Instagram, @hidrotorok, inhabilitada por Meta bajo el argumento de una supuesta infracción a las normas de propiedad intelectual.
La empresa había intentado recuperar el perfil a través de los canales habituales de la plataforma, pero no había logrado una respuesta favorable.
El caso llegó entonces a Abogados de Redes Sociales, que decidió intervenir jurídicamente.
Durante aproximadamente seis semanas, el estudio trabajó para conseguir la rehabilitación de la cuenta, que tenía 76.600 seguidores. Finalmente, Meta restituyó el perfil y Hidrotor volvió a tener acceso a su cuenta.
El caso es reciente y, para el estudio, representa algo más que la recuperación de un perfil: es una muestra concreta del tipo de conflictos que pueden aparecer a medida que las redes sociales adquieren un papel cada vez más importante en la actividad comercial.
“Una cuenta puede tener un valor económico concreto. Para muchas empresas y personas, las redes sociales son parte de su trabajo y de su negocio. Perder ese espacio de un día para el otro puede generar un problema muy importante”, señalan desde el estudio.
Mucho más que una cuenta
Una empresa puede tardar años en construir una comunidad en redes sociales. Allí quedan concentrados seguidores, clientes, contactos, publicaciones, campañas y contenidos que forman parte de la identidad de una marca.
Para un profesional, un emprendedor o un creador de contenidos, la situación puede ser todavía más directa: las redes pueden ser una herramienta fundamental para conseguir clientes y generar ingresos.
Por eso, ante una inhabilitación, la alternativa de “abrir otra cuenta” no siempre resulta suficiente.
“Muchas veces se piensa que la solución es empezar de nuevo. Pero cuando hay una comunidad construida durante años, no es lo mismo tener una cuenta nueva que recuperar la que ya existe”, explica el doctor Pablo Castillo, socio del estudio Abogados de Redes Sociales.
El problema puede aparecer en diferentes plataformas. Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, entre otras, cuentan con sistemas propios de control y políticas que pueden derivar en restricciones o bloqueos de cuentas.
Y detrás de una decisión que puede parecer exclusivamente tecnológica puede existir una actividad económica concreta.
Una especialidad que empieza a tomar forma
Abogados de Redes Sociales decidió entonces concentrar su trabajo en este tipo de conflictos y desarrollar herramientas específicas para intervenir frente a las plataformas.
La propuesta apunta a empresas, profesionales, emprendedores y particulares que tienen problemas relacionados con sus perfiles y necesitan una respuesta que vaya más allá de los mecanismos automáticos de reclamo.
“Las plataformas avanzaron muy rápido y se convirtieron en parte de la vida cotidiana y laboral de millones de personas. El derecho también tiene que encontrar herramientas para responder frente a los problemas que aparecen en ese nuevo escenario”, sostienen los doctores Castillo y Cykman.
Uno de los principales desafíos es que las grandes plataformas cuentan con sistemas automatizados y procedimientos propios para analizar denuncias y aplicar restricciones. En muchos casos, el usuario recibe una explicación general sobre la supuesta infracción, pero no encuentra una vía sencilla para revertir la decisión.
Ahí es donde el estudio busca intervenir.
El caso Hidrotor, ocurrido a fines de 2022 y resuelto en los últimos meses, se convirtió en el primer antecedente de esta nueva etapa. La cuenta fue recuperada después de seis semanas y la empresa volvió a contar con su principal perfil digital.
Con ese caso como punto de partida, Abogados de Redes Sociales se presenta en 2023 como el primer estudio jurídico de la Argentina especializado específicamente en conflictos vinculados con redes sociales, una especialidad que comienza a ganar relevancia a medida que las plataformas se vuelven cada vez más importantes para empresas y particulares.
Porque si una red social puede ser una herramienta de trabajo, una fuente de ingresos y un activo para una empresa, los problemas que ocurren allí también pueden necesitar una respuesta jurídica.
