La consultora Focus Market realizó un informe sobre la inseguridad en Argentina, la cual ha ido en aumentando en los últimos años, transformando las costumbres y la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien el delito siempre ha existido, la magnitud y la impunidad con la que se cometen ciertos crímenes han generado una sensación de vulnerabilidad constante en la sociedad.
“Las consecuencias de la inseguridad no solo afectan a quienes son víctimas de delitos, sino a toda la sociedad. El miedo y la sensación de desprotección limitan el desarrollo personal, afectan el crecimiento económico y reducen las inversiones, generando un círculo vicioso donde la falta de oportunidades refuerza la criminalidad”, señaló Damián Di Pace, Director de la Consultora Focus Market.
Sin embargo, la inseguridad no solo es un problema social, sino que también tiene un impacto directo en la economía de las familias. Cuando el Estado no garantiza condiciones adecuadas de seguridad, los ciudadanos deben asumir ese costo a nivel individual, destinando parte de sus ingresos a medidas de protección privada.
Cuanto mayor es el riesgo de delito, mayor es el gasto en prevención: contratación de seguridad privada, instalación de alarmas, seguros contra robos y cambios en hábitos de consumo para evitar situaciones de vulnerabilidad. De esta manera, la inseguridad se convierte en un factor que afecta la microeconomía familiar, desplazando recursos que podrían destinarse a mejorar la calidad de vida hacia la protección de bienes y personas.
Una familia que contrata seguridad privada y asegura sus bienes puede llegar a gastar hasta $476.555 mensuales. Es importante destacar que los gastos realizados por única vez, como la compra de sistemas de seguridad o instalación de alarmas, se han mensualizado considerando un financiamiento en 12 cuotas con un CFT del 70%.
Con un sueldo promedio de los trabajadores en Argentina de $1.202.928, esta cifra representa aproximadamente el 40% del salario mensual. Esto pone en evidencia lo elevado que es el costo de mantener la seguridad en un entorno cada vez más inseguro, convirtiéndose en un gasto considerable para muchas familias que, además de preocuparse por su bienestar, deben destinar una parte importante de sus ingresos a mantener su tranquilidad.
Respecto a las personas privadas de su libertad en Argentina, se refleja una tendencia creciente que se ha mantenido en las últimas décadas. Al 31 de diciembre de 2023, había 111.967 detenidos en establecimientos penitenciarios, lo que representa una tasa de 240 cada 100 mil habitantes. Si a esto sumamos las 13.074 personas alojadas en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, el número asciende a 125.041, elevando la tasa a 268 cada 100 mil habitantes.
A pesar de este incremento, Argentina sigue lejos de los niveles de encarcelamiento de países como los Estados Unidos (531 cada 100 mil habitantes), pero también por encima de naciones con tasas bajas, como Japón (33 cada 100 mil habitantes). La tendencia al crecimiento de la población penitenciaria ha sido constante desde los años 90, con algunos períodos de estabilidad o descenso temporario, como en 2006-2007 y 2020. Sin embargo, los últimos años han registrado picos significativos, con un aumento del 6,6% en 2023, un 89% respecto a 2010 y un 142% en comparación con 2002.
Más allá de las cifras, es importante analizar el perfil de la población carcelaria. La gran mayoría son varones (96%), de nacionalidad argentina (94%), con bajo nivel educativo (60% con estudios primarios o menos) y jóvenes (54% menores de 35 años).
A pesar de que los datos definitivos para el año 2024 aún no están confirmados, la realidad es que los hechos delictivos siguen una tendencia creciente. El caso de los homicidios dolosos es solo una de las manifestaciones más graves de una problemática mucho más amplia. Cada vez más personas pueden contar cómo han sido víctimas de robos, y la inseguridad se siente en cada rincón de las ciudades.
Con la carga impositiva que los argentinos deben soportar, sería lo mínimo que se les garantice al menos la tranquilidad de poder transitar por la calle sin temor. Desde el gobierno, se asegura que se están tomando medidas, pero la realidad es que muchas ciudades continúan siendo “zonas liberadas” para quienes cometen hechos delictivos, lo que agrava aún más la situación.
