La inteligencia artificial entra en una nueva etapa: las reglas que empiezan a cambiar su uso en empresas y gobiernos
La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de millones de personas y de la operación cotidiana de empresas y organismos públicos. Mientras las aplicaciones se multiplican y aparecen nuevos usos casi todas las semanas, otra conversación gana espacio: cómo establecer reglas que acompañen ese crecimiento, protejan los datos personales y permitan aprovechar la tecnología sin perder de vista los derechos de las personas.
Ese debate reúne hoy a gobiernos, universidades, organismos internacionales y empresas. Las preguntas son cada vez más concretas: quién responde por una decisión automatizada, cómo se controlan los sesgos de un algoritmo, qué datos utiliza un sistema para elaborar una respuesta, de qué manera pueden auditarse esos procesos y cuáles son los límites para tecnologías que ya intervienen en ámbitos tan sensibles como la salud, la educación, el empleo o la administración pública.
“Frente a la opción binaria de que exista una regulación o que no exista, es conveniente que exista para que haya previsibilidad y seguridad jurídica”, sostiene Clemencia Nicholson, CEO de Arbusta.
Arbusta es una empresa especializada en servicios de datos e inteligencia artificial con operaciones en distintos países de América Latina. Fundada en 2015, participa en proyectos vinculados con entrenamiento de modelos, calidad de datos, machine learning y automatización para organizaciones como Mercado Libre, Despegar, Kavak y PedidosYa.
La velocidad con la que avanzó la adopción ayuda a entender por qué estas discusiones pasaron al primer plano. Según McKinsey, el 78% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función de negocio. En América Latina, Boston Consulting Group señala que el desafío ya no consiste únicamente en incorporar estas herramientas, sino en integrarlas de manera consistente a los procesos de las organizaciones y capturar valor a partir de ellas. En Argentina, un estudio de Microsoft indicó que el 85% de las empresas medianas ya utiliza inteligencia artificial y que el 87% de quienes la implementaron reportó mejoras de productividad.
Para Nicholson, el debate regulatorio ya forma parte de las condiciones necesarias para consolidar el desarrollo de la industria. “La regulación debería contemplar dos principios centrales: flexibilidad, para permitir a los privados reaccionar frente a cambios en el mercado, y claridad normativa, para dejar poco margen a la libre interpretación de los jueces y la discrecionalidad de los funcionarios.”
La ejecutiva considera además que la discusión no debería plantearse como una oposición entre regulación e innovación. “Lo vemos como algo positivo porque atrae capital y nuevas oportunidades. Al mismo tiempo debemos ser prudentes para no asfixiar la innovación”, señala.
Una mirada complementaria aporta Pablo Mlynkiewicz, CTO de Arbusta, quien pone el foco en los desafíos que enfrentan las empresas que operan en distintos mercados.
“En la práctica lo que existe es un mercado de marcos regulatorios que compiten por el capital, la innovación y el talento, de la misma manera que las empresas compiten por clientes con bienes y servicios.”
Y agrega: “Las compañías no quieren perder tiempo y dinero en adaptarse a distintas legislaciones. Por eso es necesario que haya una convergencia en Latam, y que esa convergencia sea hacia normas más amigables a la inversión y las empresas.”
Mientras las empresas avanzan sobre estos desafíos, distintos gobiernos comenzaron a construir marcos regulatorios para acompañar el proceso. La Unión Europea aprobó el primer régimen jurídico integral para la inteligencia artificial, basado en una clasificación de riesgos y obligaciones específicas para determinadas aplicaciones. La OCDE, la UNESCO y Naciones Unidas también impulsan recomendaciones centradas en transparencia, seguridad, supervisión humana y protección de derechos fundamentales.
Estados Unidos eligió una estrategia diferente, apoyada en estándares técnicos y gestión de riesgos, mientras que China desarrolló regulaciones orientadas al control de algoritmos y contenidos. Aunque los enfoques presentan diferencias importantes, comparten una preocupación común: establecer criterios que permitan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial sin descuidar sus impactos sociales, económicos y políticos.
En Argentina, el investigador del CONICET Ariel Vercelli observó que las iniciativas públicas vinculadas con inteligencia artificial comenzaron a multiplicarse especialmente a partir de 2022. Su trabajo titulado “Regulaciones e inteligencias artificiales en Argentina” identifica programas gubernamentales, recomendaciones técnicas, mesas interministeriales, proyectos legislativos y estrategias destinadas a promover el desarrollo responsable de estas tecnologías.
El estudio, publicado en una revista de la ORT Uruguay, plantea además que la gobernanza de la inteligencia artificial no se limita a la sanción de una ley específica. El concepto incorpora cuestiones como transparencia, protección de datos personales, evaluación de riesgos, registro de sistemas algorítmicos, supervisión humana y participación de distintos actores del ecosistema tecnológico. Entre los objetivos identificados aparecen “promover una participación activa de los actores públicos y privados del ecosistema de IA” y “promover la transferencia tecnológica al sector productivo”.
La dimensión ética de este debate también comenzó a ocupar un lugar en otros ámbitos. En junio de este año, el papa León XIV dedicó uno de sus principales mensajes sobre innovación tecnológica a la inteligencia artificial y advirtió que su desarrollo debe preservar la dignidad humana, el trabajo y la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas. El Pontífice sostuvo que estas herramientas representan una oportunidad para el progreso, aunque insistió en que su utilización requiere responsabilidad, discernimiento y criterios orientados al bien común.
Para Nicholson, esa mirada dialoga con una preocupación que ya forma parte del trabajo cotidiano de muchas organizaciones. “Toda nueva tecnología requiere un marco normativo claro en el que operar. Los grises legales no son propicios para la inversión porque siembran una duda elemental que es cuándo dejarán de existir.”
El debate en torno a la automatización de procesos comerciales involucra de forma directa a empresas desarrolladoras de soluciones basadas en inteligencia artificial. Un exponente de esto es Prometheo, un CRM nativo en IA que surgió a partir de una iniciativa interna en ITESA. Con una presencia consolidada en mercados de la región como Argentina, México y Colombia a través de alianzas estratégicas, la firma proyecta ingresos de entre $3 millones y $4 millones para este año y ya brinda servicios a una base que supera las 1.000 organizaciones en América Latina.
Para Martín Pilossof, cofundador de Prometheo, la expansión de la inteligencia artificial exige construir confianza sin perder capacidad de innovación. “Toda tecnología disruptiva necesita un marco regulatorio, y la inteligencia artificial no va a ser la excepción. El desafío está en encontrar el equilibrio. Una regulación demasiado rígida puede frenar la innovación, especialmente en startups y pymes, mientras que la ausencia total de reglas puede generar desconfianza tanto en empresas como en consumidores”.
Desde su perspectiva, las reglas claras pueden convertirse en un factor que impulse la adopción. “Bien planteada, la regulación puede ser un gran impulsor de la adopción. Hoy muchas compañías todavía tienen dudas sobre privacidad de datos, responsabilidad de las decisiones que toma una IA o cómo garantizar un uso ético.”
Pilossof considera además que la velocidad de evolución tecnológica obliga a pensar marcos flexibles. “El mayor riesgo hoy no es regular demasiado rápido, sino que la regulación avance mucho más lento que la tecnología. La IA evoluciona a una velocidad sin precedentes y eso obliga a pensar en marcos regulatorios que sean flexibles y puedan adaptarse con el tiempo”.
La experiencia regional también expone desafíos concretos. “El mayor desafío para una empresa que opera en distintos mercados suele ser la protección de los datos. Cada país tiene requisitos diferentes sobre privacidad, almacenamiento y tratamiento de la información, por lo que es fundamental construir la plataforma con estándares de seguridad preparados para cumplir con las regulaciones más exigentes a nivel global”, explica.
Por su parte, Juan Stein, cofundador de Prometheo, vincula la expansión de estas tecnologías con una transformación más amplia en la forma de acceder al conocimiento y al trabajo especializado. “Creo que estamos viviendo uno de los momentos tecnológicos más importantes de la historia. La inteligencia artificial está democratizando el acceso al conocimiento y al trabajo especializado de una forma que nunca habíamos visto”.
Sin embargo, advierte que la incorporación efectiva de estas herramientas requiere más que entusiasmo. “Todavía existe una brecha muy grande entre el entusiasmo que genera la IA y la capacidad de las empresas para implementarla correctamente. Vemos muchos pilotos que no prosperan porque intentan automatizar procesos que ni siquiera existen o que todavía no están bien definidos. La IA no viene a inventar procesos; viene a potenciar procesos que ya funcionan”.
Las discusiones internacionales comenzaron a encontrar correlatos concretos en la Argentina.
Durante los últimos meses, la provincia de Buenos Aires aprobó el Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, una iniciativa que define lineamientos para la utilización de estas tecnologías dentro de la administración pública, incorpora mecanismos de evaluación de riesgos y establece criterios de seguimiento permanente. También contempla la creación de un Registro de Inteligencia Artificial destinado a relevar las herramientas utilizadas por los organismos estatales.
En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires lanzó BAX, una aplicación que reúne trámites, consultas y servicios públicos mediante inteligencia artificial. Más allá de sus funcionalidades específicas, la iniciativa refleja una tendencia más amplia: la incorporación de IA en la relación cotidiana entre ciudadanos y organismos públicos.
El Congreso Nacional también empezó a debatir propuestas regulatorias. Entre ellas aparece el proyecto impulsado por el diputado Juan Fernando Brügge, que propone un marco legal integral inspirado en parte por criterios utilizados en Europa. La iniciativa contempla clasificaciones de riesgo, estudios de impacto sobre derechos humanos, mecanismos de revisión humana y obligaciones de transparencia para determinados usos de inteligencia artificial.
La aplicación práctica de estos principios también ocupa un lugar central en organizaciones dedicadas a implementar inteligencia artificial dentro de procesos empresariales.
Restart, compañía especializada en inteligencia artificial funcional, trabaja en automatización de procesos, agentes inteligentes y gestión del conocimiento para organizaciones de distintos sectores. Nacida como spin-off del grupo IPLAN, la empresa ya recorrió más de 200 cuentas corporativas, factura alrededor de u$s 12 millones anuales y proyecta su expansión regional en mercados como Chile, Perú, Colombia y México.
Para Hernán Mazzeo, CTO de Restart, la regulación puede transformarse en un factor de aceleración para el mercado siempre que mantenga una lógica proporcional al riesgo. “La regulación de la inteligencia artificial es necesaria y, si está bien diseñada, puede ser un factor que acelere su adopción. Hoy muchas empresas entienden el potencial de la IA, pero todavía tienen dudas respecto de la protección de sus datos, la responsabilidad sobre las decisiones, la propiedad de la información o la posibilidad de explicar cómo se obtuvo un determinado resultado. Una regulación clara puede ayudar a despejar esas dudas y generar un marco de confianza”.
El ejecutivo destaca que no todos los sistemas deberían recibir el mismo tratamiento regulatorio. “No debería regularse de la misma manera una herramienta que ayuda a ordenar documentos que un sistema que interviene en una decisión médica, financiera o laboral. Por eso consideramos acertado trabajar con un enfoque basado en riesgos: cuanto mayor sea el impacto potencial de una solución sobre las personas, mayores deben ser los controles, la trazabilidad y la supervisión humana”.
La diversidad normativa entre países también representa un desafío para las compañías con ambiciones regionales. “El principal desafío es que una misma solución puede estar alcanzada por requisitos diferentes según el país en el que se implemente, el tipo de información que procese y el uso que haga el cliente. Para una empresa con proyección regional o global, esto implica que el cumplimiento no puede agregarse al final del proyecto. Tiene que formar parte de la arquitectura desde el inicio”.
Mazzeo considera que la región debe encontrar un equilibrio entre protección e innovación. “La inteligencia artificial está atravesando una etapa en la que ya dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta concreta de productividad y transformación de los negocios. El debate no debería plantearse como una elección entre innovar o proteger derechos. La verdadera innovación es aquella que puede sostenerse en el tiempo, escalar y ser utilizada con confianza”.
Una visión complementaria aporta Julián Ercolessi, director Comercial de Restart. “Hace algunos años las empresas se preguntaban qué podía hacer la inteligencia artificial. Hoy quieren entender cómo funciona, qué riesgos existen y qué garantías ofrece cada implementación”. En su opinión, la confianza se está convirtiendo en uno de los principales criterios de adopción y evaluación de estas tecnologías.
La evolución de la inteligencia artificial muestra que la discusión sobre regulación difícilmente pueda resumirse en una única ley o en un conjunto de requisitos administrativos. Los distintos marcos impulsados por la Unión Europea, la UNESCO, la OCDE y otros organismos internacionales apuntan a consolidar principios compartidos relacionados con transparencia, explicabilidad, protección de datos, evaluación de riesgos y supervisión humana.
El desafío de los próximos años no pasará únicamente por desarrollar modelos más potentes. También dependerá de la capacidad para construir sistemas comprensibles, auditables y compatibles con los derechos de las personas. Como plantea el investigador del CONICET Ariel Vercelli, el objetivo consiste en establecer reglas que permitan “garantizar que las bondades de cualquier desarrollo tecnológico en IA puedan ser aprovechadas por todos los sectores de la sociedad”, al tiempo que aseguren “el efectivo ejercicio de los derechos de la ciudadanía en materia de transparencia y protección de datos personales”.
